Nuevo reparto de competencias CNMC-Ejecutivo

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El Gobierno publicó el 12 de enero en el BOE el Real Decreto-Ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas urgentes para adecuar las competencias de la CNMC al derecho comunitario. Como es conocido el anterior Ejecutivo limitó dichas competencias al regulador otorgando una parte al Ejecutivo, lo que en su día se comentó que podía ser contrario a derecho comunitario el cual determina que la supervisión del mercado de la electricidad y otros mercados regulados debe estar en manos de un organismo independiente como la CNMC.

Ahora este RDL 1/2019 alude a que la incorrecta transposición de las directivas de mercado interior ha provocado una importante litigiosidad ante el Tribunal Supremo entre el regulador nacional (CNCM) y el Gobierno que resulta perjudicial para el interés general y que conlleva incertidumbre jurídica e inestabilidad institucional para todos los agentes involucrados en el sector. Por ello pretende poner fin a esta situación, realizando un reparto de competencias respetuoso con el marco comunitario, dotando a la CNMC de la independencia necesaria para el ejercicio de sus funciones.

El RDL modifica así la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos; la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; y la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. A continuación resumimos su contenido más relevante, que materialmente consolida las competencias de la CNMC frente al Ejecutivo, aunque supedita muchas de esas competencias a orientaciones previas dictadas por el Ejecutivo (un soft law por parte del Ejecutivo cuyo ámbito es difícil de precisar):

1. Directrices para dictar Circulares y mecanismos de cooperación 

La norma contempla que, con carácter previo al inicio de la tramitación de las circulares normativas de la CNCM, el Gobierno mediante orden de la Ministra para la Transición Ecológica podrá establecer las orientaciones de política energética que deben ser tenidas en cuenta en la circular que apruebe la CNMC. En estos supuestos, y con carácter previo a la aprobación de la circular normativa, el Ministerio para la Transición Ecológica podrá emitir un informe sobre la adecuación de la propuesta a las citadas orientaciones. En caso de suscitarse discrepancias entre las partes, se convocará una Comisión de Cooperación con la finalidad de buscar el entendimiento entre ambas partes.

2. Retribución de actividades de transporte y distribución de gas y electricidad

En relación con la retribución de las actividades de transporte y distribución de gas y electricidad y de las plantas de gas natural licuado (a excepción de los almacenamientos subterráneos de gas natural), la norma concreta que la CNMC aprobará la metodología, los parámetros retributivos, la base regulatoria de activos y la remuneración anual de la actividad. En todo caso, la tasa de retribución financiera no podrá exceder del límite máximo que se establezca por Ley para el periodo regulatorio. Respecto a los peajes de acceso a las redes de electricidad y gas natural, se establece que la CNMC aprobará, además de la metodología de peajes, la estructura y los valores concretos de los mismos, correspondiendo al Ministerio para la Transición Ecológica la aprobación de la estructura de los cargos, su metodología y sus valores.

3. Condiciones de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural

Se determina que corresponderá a la CNMC la aprobación de la metodología y condiciones de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural, que comprenderá los criterios económicos y para la evaluación de la capacidad, los motivos de denegación, el contenido de las solicitudes, permisos y contratos, así como las obligaciones de publicidad y transparencia de la información relevante para el acceso y la conexión.

4. Regulación de las reglas de funcionamiento de los mercados organizados 

Se establece que las circulares que la CNMC dicte relativas a la retribución de actividades reguladas, a los peajes de acceso a las redes, a las condiciones de acceso y conexión, y a las reglas de funcionamiento de los mercados organizados deberán tener en cuenta en todo caso las orientaciones de política energética que hayan sido fijadas por el Ministerio para la Transición Ecológica.

5. Retribución del operador del sistema eléctrico y del gestor técnico del sistema gasista

Esta retribución será fijada por la CNMC. Además se clarifica la función de control de los planes de inversión de los gestores de la red de transporte y se reformula el reparto competencial acerca del régimen sancionador y de inspecciones, de modo que en unos casos será competente el Ejecutivo nacional o el de las comunidades autónomas, y en otros la CNMC, en función del tipo de infracción que se sancione conforme al artículo 116 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

6. Análisis de la extraordinaria y urgente necesidad

Como es conocido la Constitución en su artículo 86 solo permite que el Ejecutivo dicte un Real Decreto-ley en caso de que justifique que concurre una extraordinaria y urgente necesidad. En este caso el RDL alude a  la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, entendiendo que resulta urgente su adopción para atender al Dictamen Motivado dirigido al Reino de España en septiembre de 2016 ya que, de no hacerse así, el riesgo de que la Comisión Europea presente un recurso de incumplimiento contra el Reino de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es inminente.

En efecto, y como justifica la exposición de motivos,  el Tribunal Constitucional, en su sentencia 1/2012, de 13 de enero, avala la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad del artículo 86.1 de la Constitución cuando concurran «el patente retraso en la transposición» y la existencia de «procedimientos de incumplimiento contra el Reino de España».

Por tanto parece adecuado el uso del Real Decreto-ley, que deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados en todo caso. Cabe tener en cuenta que en esta legislatura un Real Decreto-ley de modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos no fue convalidado por el Congreso, un fenómeno que será cada vez más común en nuestra democracia dada la fragmentación parlamentaria y la ausencia de mayorías estables del Ejecutivo, como ya tuve ocasión de comentar en el diario Cinco Días, al hablar sobre el veto del poder ejecutivo a iniciativas parlamentarias (https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/04/25/mercados/1524684049_188080.html)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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