Hidroeléctricas abran juego (vencimiento y licitación de concesiones, almacenadores y papel de Red Eléctrica)

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Según ha trascendido el Ejecutivo pretende reordenar el sistema de centrales hidroeléctricas en España. El peso de la energía hidroeléctrica es muy relevante: con una capacidad de 20.330 MW, representa la cuarta parte de la potencia total instalada en España y una producción de 20.213 GWH en un año seco como 2017.

¿De qué estamos hablando? En España hay cientos de centrales hidroeléctricas en funcionamiento, cuyas concesiones se otorgaron en algunos casos en tiempos de Alfonso XIII. Se calcula que en los próximos años expirarán decenas de concesiones (se estima que entre 2018 y hasta el año 2030 un 8% de las concesiones hidroeléctricas irá caducando).

Actualmente el Texto Refundido de la Ley de Aguas (aprobado por Real Decreto-Legislativo 1/2001, de 20 de julio), establece un plazo de duración de las concesiones de 75 años, prorrogables por diez años más: “cuando para la normal utilización de una concesión fuese absolutamente necesaria la realización de determinadas obras, cuyo coste no pueda ser amortizado dentro del tiempo que falta por transcurrir hasta el final del plazo de la concesión, éste podrá prorrogarse por el tiempo preciso para que las obras puedan amortizarse, con un límite máximo de diez años y por una sola vez”.

Desde hace años las concesiones se otorgan por un procedimiento de concurso, al suponer una utilización privativa de dominio público. Conforme al artículo 93 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), el otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará en régimen de concurrencia. No obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo en los supuestos previstos en el artículo 137.4 de la LPAP, cuando se den circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, o en otros supuestos establecidos en las leyes. El Reglamento de Dominio Público Hidráulico recoge también la necesidad de someter a información pública el procedimiento de otorgamiento de una concesión hidroeléctrica.

En todo caso muchas concesiones fueron adjudicadas cuando la LPAP todavía no estaba vigente, de modo que en la práctica fueron adjudicadas directamente, generalmente a empresas locales con fuerte raigambre en el territorio. Como ejemplo pintoresco, la empresa de un bisabuelo mío en Tordesillas creo que tuvo una concesión para una pequeña mini-hidráulica, que posteriormente vendería a la antigua Iberduero.

El panorama ha cambiado radicalmente y actualmente la energía hidroeléctrica se considera una fuente de energía renovable a la que organizaciones ecologistas reclaman gravar con mayores caudales ecológicos. Además hay que tener en cuenta tributos que gravan dichas centrales, como el canon de regulación o tarifa de utilización de aguas, canon de control de vertidos, canon de utilización de aguas continentales para la producción de energía o el canon concesional (que no tiene naturaleza tributaria).

La intención del actual Ejecutivo, bajo el rimbombante borrador de “Decreto-ley de Medidas Urgentes en Materia de Cambio Climático y para el Establecimiento de un Marco de Certidumbre y Equidad en la Transición a una Economía Descarbonizada”, es la de otorgar nuevas concesiones hidroeléctricas con el fin de compensar la difícil gestionabilidad de renovables como la solar y la eólica. Además pretende licitar concesiones para bombeo, un sistema más eficiente pues cuando la electricidad está más barata o hay excedente de luz en la red porque hay muchas eólicas funcionando, se vuelve a subir al embalse inicial para tener el agua almacenada de nuevo.

Para introducir competencia y crear centrales con tecnología reversible, la intención del Gobierno en los borradores que se conocen es crear la figura de “almacenador”, al que pueden optar compañías que ahora ni siquiera producen electricidad.

Se pretende asimismo, dentro de sus competencias de garantía del suministro eléctrico, otorgar a Red Eléctrica facultades para organizar el régimen de funcionamiento de las hidráulicas y decidir cuándo se abren o se cierran compuertas. Además en el borrador de Decreto-ley, el Gobierno otorga al operador del sistema, REE, una función que esta venía reclamando desde hace años: la gestión de las centrales hidroeléctricas reversibles de bombeo. Una potestad que la UE no otorga a los operadores y transportistas nacionales.

Como colofón a todos estos cambios, el Gobierno quiere convocar un concurso de al menos 3.000 megavatios anuales de renovables más de aquí a 2030. Eso supone al menos 33.000 nuevos megavatios más de los que hay ahora instalados. Los concursos serán por precio, al que ofrezca cobrar la luz más barata.

El instrumento normativo para implantar todos estos cambios de forma inmediata, eludiendo una larga tramitación parlamentaria, todavía está en discusión. Es posible que mediante una gran Ley de Cambio Climático o un gran decreto-ley de medidas urgentes que incluyera un desarrollo más específico. Como siempre, la vía del decreto-ley puede generar recursos, dado que son medidas que en muchos casos no tienen la extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución. También se está explorando intentar incluir el máximo contenido en la ley y, luego, puntualmente ir aprobando decretos-leyes más específicos donde pueda acreditarse esa extraordinaria y urgente necesidad.

Se avecinan por tanto cambios regulatorios importantes que afectarán sin duda a las empresas del sector. Desde este blog estaremos atentos para comentarlos y analizar sus implicaciones prácticas.

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