El TS confima que una modificación tributaria no es una circunstancia imprevisible que permita el cierre unilateral de una central nuclear

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Como es conocido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso a Nuclenor una multa de 18,4 millones de euros por una infracción muy grave al infringir el artículo 60 a) 20 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, consistente en “la reducción, sin autorización, de la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica”. La CNMC entendía que no concurrían razones técnicas o de seguridad que justificasen el cierre.

El cese de la explotación de Santa María de Garoña estaba previsto para el 6 de julio de 2013 (Orden ITC 1785/2009, de 3 de julio). Sin embargo, el consejo de administración de Nuclenor acordó el 14 de diciembre de 2012 “la adopción de las medidas necesarias para la extracción definitiva del combustible nuclear irradiado en la central y su descarga en la piscina de combustible gastado, con el consiguiente cese definitivo de la central con anterioridad al 31 de diciembre de 2012”, haciendo efectiva la parada definitiva de la central el 16 de diciembre de 2012.  

Según la Resolución aprobada por la CNMC, “la decisión de detener el funcionamiento de la central y la ejecución de las actuaciones necesarias para la descarga de completa del combustible se adoptaron por Nuclenor estando plenamente vigente y operativa la autorización de explotación de la central, y sin que concurrieran las circunstancias de parada previamente programada, ni circunstancias imprevistas de carácter técnico o de seguridad que aconsejaran o hicieran necesaria la parada”. 

La Resolución de la CNMC fue recurrida ante la Audiencia Nacional, que en sentencia de 6 de julio de 2016 había confirmado dicha Resolución. Pues bien, en sentencia dictada el 12 de noviembre de 2018 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el Tribunal Supremo considera, en línea con lo declarado por la sentencia de instancia, que a la instalación le era aplicable de forma conjunta la normativa nuclear y la general del sector eléctrico, resultando de ese bloque normativo la necesidad de obtener autorización para el cese de la explotación.

El TS expone que la Audiencia Nacional realiza un interpretación razonable y no arbitraria del Apartado 7 de Anexo a la Orden ITC/1785/2009, de 3 de julio, al sostener que, en ese supuesto, no concurría el presupuesto “causas imprevistas” que excluyese que fuere necesario la comunicación de la decisión de cese en la explotación con una antelación de un año, por referirse dicha disposición a circunstancias de carácter técnico, en las que no puede entenderse comprendidas las derivadas de la entrada en vigor de una reforma legislativa que afectaba de forma sensible a la fiscalidad de las centrales nucleares, cuyo impacto económico había sido analizado por la compañía eléctrica.

Esta sentencia es relevante por cuanto cierra la puerta a alegar modificaciones tributarias como causa legítima para incumplir la obligación de comunicación del cese de la explotación de una central nuclear.

Cabe tener en cuenta que en la actualidad el artículo 53 de la Ley del Sector Eléctrico de 2013 establece que las empresas eléctricas tienen que pedir autorización a la Administración autorizante competente si quieren cerrar una central. Ese cierre está condicionado a que no ponga en peligro la seguridad del suministro eléctrico en España.

En todo caso, el cierre definitivo de instalaciones de generación requiere el informe del operador del sistema en el que se consignarán las posibles afecciones del cierre a la seguridad de suministro y en el que se deberá pronunciar motivadamente si éste resulta posible sin poner en riesgo la seguridad de suministro. Además, la Administración autorizante deberá dictar y notificar la resolución sobre las solicitudes de autorización en el plazo de seis meses. Si transcurrido este plazo la Administración no se hubiese pronunciado y simultáneamente se hubieran cumplido al menos tres meses desde la emisión por parte del operador del sistema de informe favorable al cierre de la instalación, el solicitante podrá proceder al cierre de la misma.

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