Novedades legales importantes en materia de carreteras

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El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley 18/2018, de 8 de noviembre, sobre medidas urgentes en materia de carreteras, mediante el cual se introducen varias modificaciones con carácter de urgencia en la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. Comentamos a continuación estas novedades que afectan tanto a usuarios como a empresas concesionarias de infraestructuras.

El Ministerio de Fomento justifica la urgencia del decreto-ley por la proximidad en la aplicación de los planes de vialidad invernal de las adjudicatarias. De esta forma, se pretende garantizar la continuidad y la calidad del servicio prestado a los usuarios. Hay que tener en cuenta que, conforme al artículo 86 de la Constitución, este Real Decreto-ley debe convalidarse por el Congreso de los Diputados antes de transcurridos los treinta días siguientes a su promulgación.

  1. Aumento del tipo sancionador máximo para concesionarias de autopista

En primer lugar, se endurecen las sanciones a concesionarias de autopistas que cometan negligencias que supongan un perjuicio a los automovilistas. En este sentido se añade una letra k) al artículo 41.2 de la Ley de Carreteras, considerándose así infracción muy grave cuando en un intervalo de 24 horas se interrumpa la continuidad del servicio durante más de 2horas o resulten afectados por ello más de 30 vehículos.

Además ese apartado de la Ley de Carreteras establece la presunción de que existe ese perjuicio (dado el deber de vigilancia reforzada que incumbe al concesionario), salvo prueba en contrario, cuando en un intervalo de 24 horas se interrumpa la continuidad del servicio durante más de 2 horas o resulten afectados por ello más de 30 vehículos.

Igualmente, se presumirá dicha negligencia del concesionario cuando, ante situaciones meteorológicas adversas, incurra en falta de previsión, incumpla injustificadamente los planes operativos previstos para dichas contingencias, no disponga de los medios que le fueran exigibles, no proporcione información suficiente a los usuarios o no adopte las medidas necesarias para la regulación del tráfico.

Son supuestos muy estrictos, y que además dependen en gran parte de una interpretación subjetiva de la Administración contratante, de modo que las concesionarias deberán estar muy atentas, teniendo en cuenta que las multas de las infracciones muy graves pueden ir desde 15.000 a 300.000 euros. Conforme a la Ley de Carreteras, la graduación de la sanción se hará atendiendo a los daños y perjuicios producidos, en su caso, al riesgo creado, y a la intencionalidad del causante.

  1. Restricción al tráfico para vehículos pesados

Otra de las reformas que introduce el decreto, modificando el artículo 38.6 de la Ley de Carreteras, es la restricción al tráfico de determinados vehículos pesados en las carreteras convencionales por razones de seguridad vial o medioambientales. En tales circunstancias, se les obligará a circular por las autopistas.

La medida se acompañará con distintas bonificaciones a los transportistas que se desarrollarán posteriormente mediante convenios o reales decretos. La motivación de esta prohibición es la de reducir la siniestralidad en aquellos tramos que concentran accidentes por vehículos de alto tonelaje.

  1. Cobertura legal para el cobro de peajes por la empresa estatal de infraestructuras

Asimismo, se da cobertura de rango legal al eventual cobro de peajes por parte la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA), que ha asumido la explotación de nueve autopistas de peaje en quiebra y que han sido asumidas por el Estado.

El cobro de dichos peajes estaba amparado hasta la fecha en contratos de concesión que ya se han extinguido. Por tanto, para continuar la explotación de estas autopistas por parte de una sociedad mercantil pública como SEITTSA cobrando peajes, el Gobierno se dota de una habilitación legal expresa.

  1. La aprobación del proyecto de construcción por la Administración implicará la declaración de urgente ocupación

Por último, se modifica el artículo 12.2 de la Ley de Carreteras para permitir que la aprobación de los proyectos de construcción lleve implícita la declaración de urgente ocupación de los bienes a efectos expropiatorios. Con ello se pretende agilizar la realización de las obras, evitando así el evidente perjuicio que para el interés general suponen los retrasos de las mismas, sobre todo en materia de reparación urgente o ampliación de calzada. Tener la declaración de urgente ocupación permite (previo pago del depósito previo a la ocupación y perjuicios por la rápida expropiación conforme a la Ley de Expropiación Forzosa), que el contratista pueda ocupar previamente la finca, sin necesidad de esperar a la finalización del procedimiento expropiatorio.

5.  De lege referenda: posible sistema de pago para autovías

Finalmente, un aspecto importante de gran trascendencia para la utilización de autovías propiedad del Estado, que no funcionan conforme a un modelo concesional. El Ministro de Fomento ha anticipado que están estudiando, tal y como ya solicitó la patronal SEOPAN, implantar un sistema de cobro por el uso de autovías, amparándose en que los usuarios ya abonan tasas para circular por vías férreas o vía aérea y marítima. Este peaje podría aportar al Estado entre 60.000 y 110.000 euros. También está en estudio la implantación de un sistema de peajes inteligentes para la salida y entrada de Madrid y Barcelona, en función de la hora y del tráfico existente, copiando modelos ya existentes en ciudades norteamericanas. Son sin duda novedades importantes en materia de infraestructuras que habrá que seguir muy de cerca, pues pueden permitir enjugar el déficit que se causa a las Administraciones su mantenimiento, a la vez que permiten destinar el ingreso de los peajes a un mejor mantenimiento y ampliación de infraestructuras.

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