¿Es viable la transferencia de competencias en materia de VTC para lo que pretende el sector del taxi?

taxi

El colectivo de taxistas ha ocupado estos días la vía publica como medida de presión para exigir al Gobierno central la transferencia de competencias en materia de transportes con el fin a su vez de imponer una doble autorización a un sector económico (los VTC), lo que sería un contrasentido en nuestro derecho: se obligaría a obtener dos autorizaciones diferentes para operar cuando ambas tienen el mismo objetivo.

En este sentido, como defendió la CNMC y acogió el TSJ de Cataluña en el auto de adopción de medidas cautelares (auto de 26 de julio de 2018, PO 159/2018), la autorización que pretende imponer la Autoridad Metropolitana de Barcelona (AMB) seria contraria a los principios de proporcionalidad y no discriminación existentes en derecho español y europeo, por ya existir otra autorización a nivel autonómico con la misma finalidad. Es decir, si un poder público ya ha verificado la idoneidad de una actividad (CCAA), no es lícito que otra Administración (la municipal) efectúe el mismo control. Cabe tener en cuenta que el artículo 19 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, establece que “desde el momento en que un operador económico esté legalmente establecido en un lugar del territorio español podrá ejercer su actividad económica en todo el territorio, mediante establecimiento físico o sin él, siempre que cumpla los requisitos de acceso a la actividad del lugar de origen, incluso cuando la actividad económica no esté sometida a requisitos en dicho lugar”.

Como veremos es de dudosa constitucionalidad la solución que piden los taxistas, esto es, la transferencia de la competencia para que las CCAA puedan en coordinación con Ayuntamientos exigir una nueva autorización a los VTC que ya la poseen con anterioridad a 2015. Así, el articulo 150.1 de la CE permite mediante ley orgánica la transferencia o delegación de competencias “que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación”, por mayoría absoluta del Congreso en una votación sobre el conjunto del proyecto.

Sin embargo esta transferencia no puede realizarse para que las CCAA menoscaben competencias estatales intransferibles por estar recogidas en el precepto constitucional referente a las competencias exclusivas del Estado. En este sentido que las comunidades autónomas usen competencias transferidas en materia de VTC para imponer dos autorizaciones (autonomica y local) al funcionamiento de los VTC iría contra leyes estatales como la citada Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado y contra la competencia exclusiva del estado de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13 CE). Se estaría transfiriendo una competencia para restringir una actividad económica con dos autorizaciones idénticas que iría en contra de la legislación estatal y por ello vulneraria el sistema constitucional de reparto de competencias. En este sentido el Tribunal Constitucional, en sentencia 133/1997, de 16 de julio, funda en este precepto, y en las reglas 6 (legislación mercantil) y 11 (sistemas monetario) del mismo, la competencia estatal conectándolo con el principio de unidad de mercado y la competencia general de ordenación de la economía.

Es más, el Real Decreto-ley 3/2018, que se ha dictado el pasado 22 de abril para modificar la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres introduciendo legalmente la famosa proporción de 30 taxistas y 1 VTC para futuras autorizaciones, ya dejaba claro que el gobierno central tenía capacidad para dictar normas en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, por ser un transporte entre CCAA y ser una competencia estatal conforme al art. 149 CE.

En todo caso, aunque se quisiera ordenar en una sola la autorización para operar a nivel municipal (suprimiendo la existente autonómica) ello no puede aplicarse retroactivamente a aquellos vehículos que antes de 2015 obtuvieron su autorización sin someterse a la proporción 1/30 (recordemos que el RDL 3/2018 habla de guardar la proporción para no otorgar NUEVAS autorizaciones VTC: “procederá denegar el otorgamiento de nuevas autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor cuando la proporción entre el número de las existentes en el territorio de la comunidad autónoma en que pretendan domiciliarse y el de las de transporte de viajeros en vehículos de turismo domiciliadas en ese mismo territorio sea superior a una de aquéllas por cada treinta de éstas”).

La anulación de esas autorizaciones por la AMB o cualquier otro ente, para así exigir a los VTC que tramiten un nuevo procedimiento de autorización sería una expropiación de derechos adquiridos que debe estar sometida a un procedimiento reglado justificada por interés publico y ser objeto de indemnización, de modo que esa anulación de autorizaciones vía ley autonómica seria también una vulneración de la distribución constitucional de competencias al regular de facto un procedimiento de anulación de una autorización sin indemnización, cuando la regulación del.procedimiento expropiatorio es una competencia estatal exclusiva conforme al art. 149.1.18 CE. Además de que esa anulación de autorizaciones iría claramente contra el principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitucional y contra la doctrina del Tribunal Constitucional que proscribe la retroactividad de grado máximo, dado que se estaría aplicando una proporción que el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres determina que es aplicable a partir de 2015 a situaciones anteriores a dicha fecha.

Por esta razón, por mucho que quiera el gobierno central, la transferencia de competencias en materia de arrendamiento de vehículos con conductor con esa finalidad seria alterar la distribución competencial consagrada en la CE, y ademas vulnerar leyes estatales en vigor, dado que el Estado tiene competencia exclusiva para establecer las bases generales de la regulación de la actividad económica, como hace a través de la llamada Ley 25/2009, de 22 de diciembre (Ley Ómnibus) o de la Ley de garantía de la unidad de mercado.

Si se hace este análisis jurídico, cabe concluir que no se puede por vía de ley orgánica modificar el reparto competencial establecido en la Constitución: no se puede vía ley orgánica de transferencias efectuar en la práctica una reforma de la Constitución para que competencias estatales que permiten promulgar la Ley de garantía de la unidad de mercado o la Ley de expropiación forzosa, dejen de tener aplicación en las Comunidades Autónomas. La reforma constitucional requiere de una mayoría reforzada mucho mayor que la de una ley orgánica, de modo que la transferencia de competencias para en la práctica anular la vigencia de la competencia estatal de garantía de la unidad de mercado supondría una reforma constitucional con un difícil encaje jurídico.

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