Novedades regulatorias que se atisban en materia de transición energética y cambio climático

Este 18 de junio se ha celebrado un foro en la Casa de América de Madrid con el título “Perspectivas iberoamericanas sobre transición energética y cambio climático”, organizado por el Real Instituto Elcano. Conformado por ponentes muy relevantes, que incluyen al Director General para iberoamérica del Ministerio de Exteriores, así como la Directora General de la Oficina Española de Cambio Climático, además de representantes de empresas energéticas españolas e investigadores académicos de Brasil, México y Estados Unidos.

Este foro ha desgranado las próximas novedades que se avecinan en materia de transición energética y cambio climático, y por ello es de relevancia para las empresas afectadas conocer en qué les puede afectar.

En la primera mesa redonda de debate (“Iberoamérica en transición energética”) se habló de los siguientes aspectos:

  • La Unión Europea y Latinoamérica suponen el 20% de las emisiones mundiales de CO2 a la atmósfera.
  • Países como Mexico ya están en rumbo de cumplir con el 34% de generación renovable. Asimismo, Brasil, Uruguay y Chile también disponen de instrumentos normativos para el cumplimiento de objetivos específicos de reducción de gases de efecto invernadero conforme el Acuerdo de París contra el cambio climático.
  • Latinoamérica posee un parque hidroeléctrico enorme, pero está siendo sustituido por generación a través de gas natural, al resultar complicado que se construyan enormes centrales hidroeléctricas como en el pasado. Además Latinoamérica está recibiendo enorme inversión de empresas extranjeras ante la necesidad tecnológica para construir nuevos parques eólicos y fotovoltaicos.
  • Problema común de España y Latinoamérica es la ausencia de una cultura de integración de la producción de energía con el consumo, lo que es importante dado que las fuentes renovables no generan energía de forma estable.
  • Las subastas de energías renovables promovidas por los gobiernos iberoamericanos que garantizan una rentabilidad razonable son todavía necesarias dado que el “project finance” todavía no aporta liquidez necesaria para desarrollar con garantías un proyecto de instalación de fuentes de energías renovables.

En la segunda mesa redonda, bajo el título “Liderazgo distribuido y acción climática tras el Acuerdo de París”, se pudo concluir que:

  • El Acuerdo de París  de 2015 contra el cambio climático puede ser modificado este año en nuevas rondas de negociaciones que fijen objetivos más ambiciosos para los países firmantes.
  • La Ley española de transición energética y de cambio climático todavía está en fase de elaboración, y la directora general de la Oficina Española de Cambio Climático no ha puesto fecha para su aprobación definitiva.
  • Los objetivos en materia de eficiencia energética deben ser desarrollados a nivel español y además se está en vías de aprobar una nueva directiva europea en materia de eficiencia energética.
  • Las red de oficinas de cambio climático en Iberoamérica será crucial para definir este año los objetivos de la Cumbre Iberoamericana, basada en la sostenibilidad.
  • En Latinoamérica es necesaria una mayor integración regional que permita una mayor cooperación para combatir el cambio climático y para crear un verdadero mercado energético regional.
  • Es necesario incluir obligaciones de información sobre el destino de las inversiones empresariales desde el punto de vista de la transición energética.
  • Sigue faltando una regulación y un fomento de la generación distribuida (la generación de energía por medio de muchas pequeñas fuentes de energía en lugares lo más próximos posibles a las cargas).

Los temas son por tanto ingentes. Personalmente destacaría varias novedades que pueden afectar a las empresas a nivel regulatorio en los próximos meses:

  1. La introducción de criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y reducción de emisiones en los pliegos de los nuevos contratos públicos tal y como permite la nueva Ley de Contratos del Sector Eléctrico (véase el contrato de abastecimiento eléctrico del Ayuntamiento de Madrid, en el que varias empresas eléctricas fueron excluidas por no garantizar que el origen de la energía provenía de fuentes 100% renovables, pliegos que han sido validados jurídicamente). En este sentido habrá que estar atentos a la liberalización de sectores del transporte como los viajes ferroviarios o por autobús, que  puede provocar la exigencia en los correspondientes pliegos de medidas efectivas de reducción de las emisiones a la atmósfera.
  2. La implantación de una fiscalidad estratégica para gravar los actos contaminantes y premiar las actividades que reduzcan las emisiones. La problemática derivada de esta fiscalidad ya se pudo apreciar con la aprobación de una aportación obligatoria de empresas eléctricas y otros sectores al Fondo de Eficiencia Energética. En este sentido definir cuáles son los actores responsables de la emisión de gases de efecto invernadero es esencial para garantizar que no se produce una discriminación contraria al artículo 31 de la Constitución.
  3. Las nuevas medidas que puedan incluirse en la Ley de Cambio Climático en materia de obligaciones de telemedida, vehículo eléctrico y ahorro energético, que pueden llevar a cambiar los hábitos ciudadanos y a fomentar y penalizar a determinadas empresas. Además desde la Oficina Española de Cambio Climático se aludió en el foro a la posible introducción de medidas de información a las empresas sobre el destino de sus inversiones para conocer en qué medida su actuación contribuye a la reducción de gases de efectos invernadero, lo que supondría un cambio de paradigma en la actuación de las empresas ya que tanto inversores como ciudadanos podrían medir en qué medida dichas empresas colaboran en la consecución de los objetivos del Acuerdo de París.

 

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