Hay vida más allá de la adjudicación

Con la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (“LCSP”), las empresas tienen la oportunidad de recurrir no solo actos tradicionales como la adjudicación o la publicación de pliegos sino los referidos a la modificación de los contratos, conforme a los parámetros de los artículos 204 y 205.

En concreto el artículo 44 otorga este recurso en caso de que esa modificación vulnerara los requisitos establecidos en los artículos 204 o 205, y por ello tuviera que ser objeto de una nueva adjudicación.

Esto es un gran avance para muchas empresas que pueden así conocer cuando un poder adjudicador ha favorecido ilícitamente al adjudicatario otorgándole un modificado de un contrato que, de haberse conocido en el momento de la licitación, hubiera provocado que los licitadores no adjudicatarios presentasen otra oferta distinta.

¿Cuál es la trampa del legislador? Que el artículo 207 solo obliga a publicar un anuncio de modificación del contrato en el perfil del contratante en el plazo de 5 días desde que se produjo la modificación, con las alegaciones del contratista y de todos los informes recabados. Es decir, no obliga a notificar a los directamente interesados, lo cual hubiera sido lógico para los licitadores no adjudicatarios, conforme al concepto de interesado de la nueva Ley 39/2015,  de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, pues en puridad han participado en el procedimiento administrativo de adjudicación y deberían ser informados directamente.

En suma, las empresas no adjudicatarias deberán crear alertas informáticas y estar pendientes durante la duración del contrato acerca de los modificados que se publiquen en el perfil del contratante, para analizar si no cumplen con las reglas de los artículos 204 y 205 LCSP y de este modo decidir si interponen recurso especial con el fin de que ese modificado se vuelva a licitar. Hay que tener en cuenta que con la nueva LCSP los modificados pueden suponer, en algunos casos, hasta el 50% del precio del contrato original, por lo que el montante en juego es muy relevante.

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